La guerra por las descargas ilegales, el top manta y la piratería de contenidos musicales protegidos sigue muy presente. Si ya lo hicieron los artistas, cineastas y las grandes compañías discográficas, ahora son los sellos medianos e independientes, que demandarán al Ministerio de Cultura y el Gobierno por su dejadez en este punto tan sangrante, encadenado a su política permisiva, y los daños patrimoniales que les está suponiendo. Entre varios puntos, aportarán datos contrastados como el descenso del número de sus trabajadores, que ha llegado a un 40% desde 2004, el cierre de casi un millar de establecimientos relacionados con la música o el 65% de reducción de su facturación por culpa de la piratería. Entre puntos del escrito podríamos destacar: "... un procedimiento contra la Administración en calidad de responsable patrimonial de los daños que se han generado y se están generando al sector como consecuencia de la piratería digital y la pasividad de las autoridades..."
Las compañías firmantes del acuerdo son varias: Música Global Discográfica, Picap, Open Records, Bcore Disc, Kasba Music, Columna Música, Blanco y Negro Music, OK Records, Discmedi, Fonogramas Metropol, Distribuciones Disclub, Popstock, Producciones Blau, Pias Records Spain, K-Industria Cultural y Meta Network. Entre todas ellas se han hecho con los servicios jurídicos del bufete Roca Junyent y han firmado un acuerdo quedándose al margen de la opinión de los grandes sellos y distribuidores, que con alguna reticencia han aceptado la reforma anunciada por el Gobierno a través de la Ley de Economía Sostenible. Según afirman, llega tarde y deja impunes a los usuarios finales que realizan las descargas porque sólo se perseguirá a las webs que las facilitan, exigiendo que se plantee una legislación mucho más dura de igual forma que ya se hace en otros países europeos.